Hasta los años cincuenta, las cartillas de racionamiento fueron el medio de proveerse de alimentos básicos para los que no podían acceder al mercado negro, controlado por los estraperlistas. Por ejemplo, en 1945 fueron repartidos por cada cartilla un máximo de un kilo de patatas, 750 gramos de harina, 2,250 kg de garbanzos, 1,375 kg de lentejas, 3,5 kg de azúcar, 12,7 litros de aceite, 6,8 kg de alubias, 2,25 kg de café y así hasta 12 artículos de primera necesidad. El año 1941 marcó el récord de mortalidad entre los ceutíes de todo el siglo con 1.108, incluso más que durante los años de la guerra, con un incremento importante de las enfermedades ligadas al hambre, la falta de higiene y la miseria. En los años cuarenta se duplicará la media anual de suicidios pasando de dos a cinco. Otro indicador de la situación fue el incremento de las pignoraciones en el Monte de Piedad, cuyas operaciones pasaron de 6.700 en 1940 a 28.000 en 1950, multiplicándose por siete el monto de las operaciones de empeño, de las 250.000 pesetas a cerca de dos millones.

El coste de la vida moderó su crecimiento a partir del Plan de Estabilización de 1959, ahora medido por un nuevo índice con base 100 en 1958, alcanzando en Ceuta el 188,5 en 1968. La expansión económica de los años sesenta, propiciada por la apertura económica del desarrollismo, permitió una progresiva mejora del nivel de vida. El desarrollo de un incipiente y rudimentario sistema de protección social, la Seguridad Social, permitió mitigar en parte las duras condiciones de vida.

La clase obrera fue encuadrada de forma obligatoria en la nueva organización sindical, más un órgano de control que de defensa de las reivindicaciones obreras, en la que también se integró a los empresarios. Las viejas patronales desaparecieron integradas en el sindicato vertical y la Cámara de Comercio sobrevivió, pero ahora asumiendo funciones burocráticas y técnicas alejadas de la representación patronal, y sólo se revitalizó a partir de los años sesenta, cuando los nuevos ministros tecnócratas del área económica necesitaron presentar una cara más aceptable ante los poderes económicos europeos. En estos años descollaron como gestores sindicales del verticalismo franquista empresarios como Rafael y Alberto Ibáñez Trujillo, Francisco y Pascual Cutillas, Manuel Blasco, Manuel Díaz Muriel, Ernesto Weil, Miguel Durán Valencia o José María Baeza Herrazti. La Cámara de Comercio será presidida por Manuel Delgado Tagle, José María Baeza Huesca, Alberto Martínez y Luis Weil Alcaraz.

Pero las organizaciones de encuadramiento de Falange y el Movimiento fueron perdiendo vitalidad y se burocratizaron, perdiendo poco a poco el control real sobre la vida social, refugiándose en los lugares comunes y glorias del pasado heroico de la guerra ante las insuficiencias del presente. El desarrollo económico, la elevación del nivel de instrucción y una juventud que busca nuevos horizontes menos cerrados y asfixiantes irán poco a poco renovando la sociedad ceutí.

La dinámica política e institucional. Durante la mayor parte del franquismo, el poder gubernativo en las plazas de soberanía va a estar en manos militares. Primero, en las del alto comisario hasta la independencia de Marruecos en 1956, después, entre 1956 y 1967, en las del jefe superior de las Fuerzas del Norte de África y desde 1973 en las del comandante general. Sólo en el breve plazo que media entre 1967 y 1973 fue ejercida por el alcalde José Zurrón. La Ley del 8 de noviembre de 1941, que reorganizaba la Alta Comisaría, confirmaba la continuidad del alto comisario en el cometido de gobernador general de las plazas de soberanía. Lo justifica en base a la unicidad que debía tener la política norteafricana y la influencia que Ceuta y Melilla tenían sobre el Protectorado. No obstante, en el preámbulo de la Ley se insistía en la necesidad de “trazar una acusada línea de separación entre las funciones que al alto comisario en cuanto tal incumben y las que le corresponden en su calidad de gobernador general de las Plazas de Soberanía [...] tal separación de funciones determinará que no se introduzca confusión alguna a la hora de ejercerlas”. Asimismo, ese artículo subordinaba todas las organizaciones de Falange a la autoridad del alto comisario. El artículo 3.o creaba una Secretaría General del Gobierno General de las Plazas que asistiría al gobernador en las tareas administrativas, separándola de la Secretaria General del Protectorado. En el Decreto del 23 de septiembre de 1946 se determinan las competencias del gobierno general de las plazas de soberanía y se organizan sus servicios.

Esta configuración política-administrativa no sufriría cambios hasta que se dicta la Ley de 1955 y se produce la independencia de Marruecos en 1956. A partir de 1956 el cargo de gobernador general se unirá al de jefe del Ejército del Norte de África, con sede en Ceuta hasta su desaparición en 1967. La Ley del 22 de diciembre de 1955 de Bases sobre el Régimen Económico y Financiero de Ceuta y Melilla confirma las competencias del gobernador general, suprime las delegaciones gubernativas y crea el cargo de administrador general, que bajo la dependencia de aquél, “ejercerá las facultades que no sean retenidas por el gobernador general”, ayudado por dos adjuntos gubernativos.

En cada una de las plazas se crea una Junta Coordinadora de la Administración, presidida por el administrador, que debería ser designado entre personas de reconocida competencia en asuntos económicos. Un Decreto del 28 de diciembre de 1967 dispone la supresión del gobierno, la administración general y las delegaciones gubernativas, transfiriendo las competencias al alcalde, salvo las de orden público que quedaban en manos del comandante general. Entre 1967 y 1973 las ejercerá José Zurrón Rodríguez, hasta que, en el momento de su sustitución por Alfonso Sotelo Azorín al frente de la alcaldía, un nuevo Decreto del 1 de marzo de 1973 separa las competencias de la alcaldía, creando una Delegación del Gobierno de nuevo, cuyo titular será designado por Decreto del Consejo de Ministros. El Gobierno hará coincidir el cargo con los comandantes generales que lo ejercerán hasta el final del franquismo.

Los comandantes generales perdieron sus competencias civiles, que pasaron a los delegados gubernativos a partir del cese de Maximino Bartomeu en 1943. La Comandancia quedó aparejada al mando del IX Cuerpo del Ejército entre 1940 y 1950, en que vuelve a nombrarse comandante general al que había ostentado el mando del mismo desde 1943, Francisco Delgado Serrano, que será el primero que no ejercerá competencias civiles. En 1967, al ser nombrado Zurrón delegado del Gobierno, recuperarían éstos las competencias de orden público y, a partir del cese de éste, volverían a ejercer el conjunto de las competencias gubernativas. Los últimos en ejercerlas en los años cuarenta serían Barrón, Juan Bautista Sánchez y Maximino Bartomeu, que ejercerían simultáneamente de jefes del IX Cuerpo del Ejército, comandantes generales y delegados gubernativos. Los altos comisarios ejercerán amplios poderes, dictando normas en todos los ámbitos administrativos, sobre todo en los años posteriores a la Guerra Civil. Hasta 1948 serán los que nombren a todos los cargos políticos locales, estando subordinadas todas las organizaciones de Falange a su autoridad. Su poder es absoluto, respondiendo sólo ante el dictador. Las relaciones entre los políticos, la burguesía local y el alto comisario serán complejas. En general nunca aceptaron la subordinación de Ceuta a Tetuán, considerando inconveniente la dependencia de la Alta Comisaría, convencidos de que se privilegiaba la “corte” de la capital del Protectorado frente a Ceuta, destinándose más recursos e inversiones. Muy especialmente tensas fueron las discusiones en torno al régimen económico fiscal, al entender la clase política local que las nuevas disposiciones tributarias mermaban los privilegios tradicionales, enfrentándose a la Ley del 30 de diciembre de 1944 Reguladora del Régimen Fiscal de las Plazas de Soberanía, que incrementaba las aportaciones de Ceuta al Estado. Esta ley estuvo a punto de provocar una manifestación y la dimisión de varios concejales, algo insólito e impensable en los años más duros del franquismo, pero que no llegó a materializarse. La oposición fue sorda y soterrada, pues la más mínima confrontación pública hubiera significado la ruina política y el ostracismo de sus protagonistas. La nueva Ley de Reforma Tributaria del 16 de diciembre de 1940 no tiene en cuenta las peculiaridades fiscales de Ceuta. Tras su aprobación, vienen a sumarse a las figuras tributarias existentes la Contribución de Usos y Consumos y la Contribución.

sobre la Renta, que incrementaban para 1944 en más de 7 millones de pesetas los impuestos estatales que los ceutíes pagaban al fisco. Desde la aprobación de la Ley de 1940, los políticos ceutíes y la Cámara de Comercio exigen a la Alta Comisaría la negociación con el Estado de una legislación que establezca los privilegios fiscales de la ciudad, para lo que se crearon en la Alta Comisaría varias comisiones de estudio.

Finalmente el resultado fue la Ley del 30 de diciembre de 1944, que en su preámbulo establece que “el Estado no puede ceder su soberanía fiscal en ningún caso, sentándose como principio incontrovertible que las imposiciones estatales han de hacerse efectivas por los correspondientes organismos de la Hacienda Pública conforme a la legislación vigente”, aunque en virtud “de la especial situación geográfica y su especial régimen administrativo” se concede a Ceuta y Melilla la modificación del tipo de gravamen que será del 50% de los peninsulares para la contribución industrial, la territorial y las utilidades; concertándose el impuesto de consumos de lujo sobre la base del devengado en 1942 incrementado en un 5%. La fuente principal de financiación de los municipios sería el arbitrio de importación de mercaderías, con la aplicación de una tarifa ad valorem de hasta el 4% para los artículos de comer, hasta el 10% para las bebidas y artículos de lujo y de hasta el 7% para los demás artículos; que dentro de esos tipos máximos debían ser grabados por una ordenanza fiscal.

Para la aplicación se crean subdelegaciones de Hacienda. La nueva norma introducía nuevos impuestos que no habían sido implantados con anterioridad, como la contribución territorial rústica y urbana y la contribución de utilidades sobre la riqueza mobiliaria. El resultado fue, a pesar de la reducción del 50%, un incremento real de las aportaciones de Ceuta a las arcas del Estado. La ley supuso una derrota importante de las aspiraciones de la burguesía ceutí, que no tendría más remedio que aceptarla, aunque con un profundo resquemor larvado hacia el Gobierno y la Alta Comisaría.

Las realizaciones del Gobierno general de las plazas hasta la promulgación de la Ley de 1955 serían más propagandísticas que reales, debido a los escasos recursos y a la crisis económica postbélica. La España de la autarquía fue incapaz de generar un desarrollo suficiente hasta el Plan de Estabilización de 1959 y la apertura económica de los años sesenta. Los años que transcurren entre el final de la guerra y la independencia de Marruecos fueron de atonía y crisis. Lentamente se fue dotando a Ceuta de una administración de carácter provincial, reforzando la presencia administrativa y las infraestructuras públicas del Estado. Esta dinámica se reforzó a partir de 1956, tras la Ley de 1955, la independencia de Marruecos y la creación de órganos más especializados como la Administración General y la Junta Coordinadora, que posibilitaron una mayor atención estatal hacia la ciudad. Se crean la Subdelegación de Hacienda (1946), la Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria (1948) y la Magistratura del Trabajo (1943); y se implanta el Seguro Obligatorio de Enfermedad (1947), el Servicio de Higiene Antituberculosa (1945), y se establece el Centro Comarcal de Sanidad (1950), siendo la actuación más importante las obras para transformar la cantina de San Amaro en centro antituberculoso. En materia de enseñanza se crea una escuela hispano-árabe de niñas (1950); se van agrupando escuelas unitarias en centros graduados, como en el Lope de Vega (1942) o en el de la calle Solís (1951); se inician las obras del nuevo instituto de Enseñanza Media (1941), con un ritmo muy lento que sólo permite inaugurarlo parcialmente en 1951, mientras continúan las obras hasta finales de los años cincuenta; se deroga el Plan de Estudios Hispano-Marroquí en 1949 tras la creación del instituto de Tetuán; se construye el Grupo Escolar Graduado del Convoy de la Victoria en 1952, se establece la Escuela de Comercio para estudios mercantiles (1949), y se crea el Patronato de Formación Profesional para la enseñanza laboral (1952).

En obras públicas se acomete la mejora y ampliación de la red viaria de Ceuta, con un importe entre 1942 y 1952 de 15 millones de pesetas, cuya obra más importante será el denominado nuevo acceso a Ceuta en la bahía sur, para lo que se construye el puente de la boca sur de la Muralla Real (1942). En otras áreas se comienza la construcción del nuevo edificio de Correos (1948-1958), el acuartelamiento de la Guardia Civil (1951), la nueva prisión provincial (1953), la nueva lonja de pescado (1954) y el edificio del Instituto Nacional de Previsión (1951). La mayor inversión se dirigió a la ampliación y mejora del puerto de Ceuta, aprobándose tres leyes (1946, 1952 y 1955) que autorizaban a la JOP a la emisión de obligaciones por un importe global de 170 millones de pesetas, que permitieron acometer un importante número de obras adicionales y dotar de armamento y utillaje a las instalaciones. Las obras más importantes que se llevaron a cabo fueron la pavimentación y vías del dique de poniente (1942), la dársena del muelle de pescadores (1947), el dragado del foso (1948), el muelle cañonero Dato (1954) y la tercera alineación del dique de poniente (1954). La inversión real en obras portuarias ejecutadas entre 1940 y 1955 fue de unos 50 millones de pesetas, quedando una financiación de 120 millones para obras que irían siendo ejecutadas en los años siguientes. También con objeto de mejorar la vigilancia tributaria se construyó un nuevo edificio de la Intervención del Registro del Puerto Franco (1949). La Orden del Ministerio de Hacienda del 20 de febrero de 1942 excluía del pago del impuesto de transportes a las mercancías que, en tránsito por Ceuta, fueran desembarcadas en los depósitos del puerto franco, siempre que no fueran introducidas en la ciudad. Su objetivo era desarrollar las operaciones de tráfico marítimo. La medida fue recibida con entusiasmo en la época, pues se pensaba en ella como un importante impulso del tráfico comercial, aunque su aplicación no supuso un gran avance y el puerto continuó dependiendo de los suministros y pertrechos.

Los organismos del Ministerio de Trabajo y las realizaciones sociales fueron cedidos completamente a la Falange, mientras que las delegaciones de los ministerios de corte económico y administrativo estuvieron en manos de funcionarios civiles más o menos especializados. La Falange controló por medio de Antonio Cazalla, Luis Sánchez Blanco o José Martín Ramos las relaciones laborales y los asuntos sociales durante estos años, mostrándose especialmente activos los dirigentes Justo Arizala, José Zurrón o Mario Lanz.

Precisamente del Ministerio de Trabajo, regentado por Girón de Velasco, vendría una de las medidas más sociales, al aprobar en febrero de 1952 un plan de construcción de 500 viviendas modestas para trabajadores, cuyo objetivo era erradicar “la alarmante triste e indecorosa herencia de 3.000 barracas levantadas con latas y maderas”, según el preámbulo del Decreto. Se encargaba de su ejecución al Instituto Nacional de la Vivienda (INV), que debía ejecutarlo en dos años, aunque su realización sufrió diversos retrasos y se construyó después de 1955. En los 15 años que transcurren entre 1940 y 1955, las inversiones reales del Estado en el periodo rondaron los 95 millones de pesetas (45 millones en obras civiles y 50 millones en el puerto), con una inversión media de algo más de 6 millones anuales.

A partir de 1955 se va a incrementar la acción del Estado en Ceuta, apoyada en la Ley del 22 de diciembre de 1955 de Bases sobre el Régimen Económico y Financiero de Ceuta y Melilla, y la necesidad de prestarles la mayor atención tras la independencia de Marruecos en 1956. La nueva Ley comienza a gestarse en noviembre de 1952, al crearse la Comisión Interministerial para la Reforma Tributaria de las Plazas de Soberanía, participando por Ceuta el alcalde Vicente García Arrazola y el subdelegado de Hacienda de la Alta Comisaría Eduardo Santchordi. La disposición reconoce que la Ley de 1944 había sido insuficiente y que incluso “dificultó en gran medida el desenvolvimiento económico” sin gran provecho para la Hacienda Pública. Por ello debe plantearse un enfoque distinto, más integral, que coadyuve a convertir las ciudades en “modernos centros económicos”, operando no sólo sobre la política tributaria, sino también sobre la economía general. En ella se declara todo el término municipal de Ceuta territorio franco, quedando exentas las mercancías importadas o exportadas de los aranceles de aduana peninsulares. Orienta la política económica al fomento de las industrias de transformación y la producción propia de energía térmica, previendo la posibilidad de que por el Gobierno general se concedieran primas a la exportación. Asimismo se establece una Delegación de Comercio que impulse las actividades económicas. Se fija el sistema tributario estatal que sería el general con la reducción al 50% de las cuotas de la contribución territorial, de la contribución industrial y de comercio, varias de las tarifas del impuesto de utilidades sobre la riqueza mobiliaria siempre que sus rendimientos fueran obtenidos en Ceuta, la contribución general de la renta, algunos epígrafes del impuesto de derechos reales y transmisiones y el impuesto del timbre.

Quedaban exentos del pago de usos y consumos diversos productos importados desde la Península y todos los fabricados en Ceuta; se eximía del pago del impuesto de gas y electricidad, y se rebajaba al 25% la antigua patente nacional. La base séptima regulaba la imposición municipal suprimiendo el arbitrio de mercaderías con tarifa ad valorem y disponiendo que el déficit que se produjera sería compensado al Ayuntamiento, que debería reducir sus plantillas y gastos al mínimo necesario y elevar sus recursos propios provenientes de los impuestos locales ordinarios. Asimismo, los presupuestos municipales y las operaciones crediticias, incrementos de personal y enajenaciones patrimoniales debían ser aprobados por el gobernador general, previo informe de la Subdelegación de Hacienda.

Al mismo tiempo, creaba un arbitrio transitorio sobre mercaderías expresamente tarifadas por el Consejo de Ministros, del que se excluían los alimentos de primera necesidad y las primeras materias industriales, y que debía desaparecer progresivamente al reducirse los déficit municipales. Su gestión y cobranza se adscribía al Ministerio de Hacienda. La base octava comprometía un plan extraordinario de obras para la puesta en valor de las plazas.

La base novena establecía las competencias del gobernador general, creaba la Administración General de los Territorios de Soberanía y las Juntas Coordinadoras de los Servicios de la Administración. Anualmente el administrador debía formular un presupuesto que incluiría los ingresos del arbitrio transitorio y los fondos aportados por el Estado para el desarrollo del plan de obras e inversiones, del cual debían salir las subvenciones y compensaciones a los municipios, para enjugar los déficit producidos por la pérdida del arbitrio ad valorem.

En el plazo de un año debían aprobarse las tarifas del arbitrio transitorio y, mientras tanto, autorizaba al Ayuntamiento a seguir percibiendo el arbitrio ad valorem. Las tarifas nunca fueron aprobadas y el arbitrio ad valorem permaneció vigente, a pesar de que la ley preveía su desaparición en 1957, hasta la aprobación del impuesto sobre la producción e importación en 1991.